Las intocables estructuras del crimen organizado en México

Con México en la mente

Nuestra seguridad como “la condición indispensable” para el desarrollo humano del mexicano, el desarrollo integral del estado, la conservación de un solo gobierno legal, legítimo, soberano e independiente, demanda el diseño y aplicación de estrategias firmes y constantes con fines y acciones que integren organismos estatales y no estatales en coordinación y colaboración; “ha sido entregada abiertamente al crimen al aplicar una estrategia nacional pasiva definida en singular frase y objetivos político-electorales”.

Las organizaciones criminales basan su permanencia y continuidad en una trayectoria cargada de violencia y sangre derramada, con líderes de corta duración y estructuras que progresan aprovechando las ambiciones personales y ventajas que les ofrecen las autoridades político-administrativas. Son pocas las instituciones nacionalistas que mantienen seguimiento de su actuación. Lamentablemente, la sujeción jurídica y sus principios disciplinarios supeditan su actuación a la voluntad y decisión política de estas autoridades.

Demandamos estrategias integrales y dinámicas que “modifiquen constantemente sus patrones de trabajo” en regiones o puntos críticos con Centros de Control, Colaboración y Análisis de las policías preventivas y de investigación, donde las instancias de procuración de justicia identifiquen “blancos” que cuenten con orden de aprehensión, que están involucrados en carpetas de investigación y de quienes se tiene información sobre actividades ligadas al crimen.

Clasificándolos conforme los cárteles o bandas que disputan plazas o regiones, por pirámide criminal y distribución geográfica; atendiendo sus impactos presentes y anticipando los futuros con una estrategia de seguimiento en las vertientes Político-Social, Jurídico-Penal, informando oportuna y verazmente a la población.

Cumplir nuestro Constitucional Pacto Federal que establece una Federación soberana, libre e independiente; Estados Federados soberanos y libres, y Municipios libres; “entregando sin regatear el apoyo subsidiario del que más capacidades tiene, para fortalecer oportunamente las debilidades y vulnerabilidades de quien menos tiene” sumando fuerzas para enfrentar juntos la creciente presencia y embate del crimen.

Priorizar la recuperación de la deteriorada formación y profesionalización del “Servicio Nacional de Carrera” del personal de Policía Preventiva e Investigadora y la Procuración de Justicia en todo el país, con percepciones dignas sustentadas en el mérito, destinando recursos suficientes para mejorar capacidades operativas, satisfacer sus necesidades y la de sus familias.

Reconstruir la organización, equipamiento y capacitación de la estropeada estructura nacional de seguridad y justicia; renovar políticas, programas y acciones que mejoren la calidad de la seguridad pública en nuestras comunidades, contar con personal confiable y profesional con los conocimientos, habilidades y actitudes “que materialicen el compromiso real de las autoridades desde el más alto nivel de la nación” y que se note en el control y disminución de la delincuencia.

Incrementar las medidas de protección del despliegue y operación tecnológica de comunicaciones y de videovigilancia en el país extirpando posibles penetraciones, blindarlos con la selección y evaluación permanente del personal, con medidas técnicas, actualización y homologación de equipo, “recobrándolos como los Centros de Comando, Control y Comunicaciones para lo que fueron creados” fortaleciendo el análisis de la información que acopian y generando productos explotables de inteligencia en lo táctico y operativo.

Rehabilitarlos como el área sustantiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recalcando que no son caja chica ni elefantes blancos.

“La inverosímil situación actual solo muestra un ignorante o intencional abandono de nuestro personal de seguridad y justicia, de las estructuras de mando, control, comunicaciones y de las operativas en el terreno, debilitándolas y obligándolos a dar abrazos y compartir balazos con la ciudadanía”.

La Iglesia con su extenso despliegue en el territorio nacional que le da la capacidad de obtener información puntual generada por los ciudadanos, nos informa que hay 2 grandes cárteles nacionales, 8 grandes cárteles y 500 bandas criminales o mafias que controlan una buena parte de nuestro territorio extorsionando impunemente a productores agrícolas, asaltando en carreteras y autopistas, generando desplazamiento de poblaciones; lo que evidencia las carencias operativas, funcionales y la eficiencia del Estado mexicano; agregando que “ya están presionando a los pobladores para que voten por las personas que ellos indiquen”.

Las intocables estructuras muestran su sangrienta e impune injerencia en el proceso electoral desde noviembre-2023, asesinando 13 pretendientes a gobernar municipios, 8 no tienen relevo aún. En total son 21 los aspirantes muertos hasta hoy, estimándose que superarán los 24 de 2018 y los 30 de 2021.

El crimen ya designó sus candidatos en el territorio que dominan y matan los ajenos que van surgiendo, el complaciente gobierno federal aprovecha para confrontar gobiernos locales de oposición electoral, escatimando el empleo de su mayor poderío para enfrentarlo.

* El autor de esta colaboración es General de División Diplomado de Estado Mayor y Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales.